Los PTIS vuelve a la carga en busca de sus derechos después de que, como denuncian desde el sindicato CC OO, no hayan cobrado sus nóminas de abril. "Ni la Junta de Andalucía ni las empresas que nos tienen contratados nos pagan", denuncian los integradores sociales que trabajan en los centros públicos de la provincia, alrededor de un centenar.
Así lo detallan desde el sindicato, que apunta que el personal técnico de integración social y los Intérpretes de lengua de signos "no han cobrado abril" sus nóminas. "Son servicios externalizados, es decir, trabajadores contratados por parte de empresas a su vez contratadas por la junta de Andalucía", recuerda el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina.
De este modo, como revela, el decreto del 1 de abril publicado en BOJA, en su punto 3 establece: “Con el fin del mantenimiento del empleo, el órgano de contratación podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos a causa del COVID- 19”, por lo que no reparan en denunciar que la Junta de Andalucía "ésta haciendo tediosas y complejas instrucciones" que dificultan el trámite administrativo, y las empresas tampoco adelantan los pagos a los trabajadores.
"En Almería tenemos las empresas SAMU y Marcos Bailón que tienen en vilo a decenas de familias viendo como el ingreso no llega, haciendo de esta crisis sanitaria algo más preocupante si cabe. Recordamos que una parte importante de estas trabajadoras tienen discapacidad y que su lucha no ha empezado ahora, puesto que movilizaciones junto con huelgas venían produciéndose antes de la pandemia, por la precariedad laboral y la incertidumbre producida por la falta de garantías en el mantenimiento de sus empleos", señalan desde el sindicato, que exige la "máxima celeridad" del pago de la nómina de abril a los trabajadores y que no suceda lo mismo para mayo.
Protestas
En noviembre de 2019, los 94 trabajadores de Personal de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (PTIS) de la provincia salieron a la calle para denunciar que estaban contratados por empresas externas y sus puestos pasarán a ser para personal laboral fijo de la Junta de Andalucía y ellos, aseguraban, "aún está por ver" si serán subrogados, despedidos o podrán participar en la bolsa común.
Así lo denunciaron desde el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO), además de algunos de estos monitores, que prefieren mantener el anonimato por temor a posibles represalias ("están en juego nuestros contratos y nuestra entrada en la bolsa común", explican), y que se han visto sorprendidos en estas últimas semanas por los movimientos en esta materia y que en toda la comunidad autónoma afectan a alrededor de 1.200 trabajadores.
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